Sobre las tasas judiciales

El pasado 1 de mayo ha entrado en vigor la aplicación de las tasas judiciales, derivada de la Ley 5/2012, de 20 marzo. Hasta ese momento la interposición de una demanda suponía el pago de los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso judicial (abogados, procuradores, peritos, …); sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la citada ley cada vez que se interponga una demanda deberemos pagar unas tasas por la “utilización” de la administración de justicia.

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Cabe decir que, desde el año 2010 ya se está cobrando una tasa por la interposición de recursos de reposición (25 €) y de apelación (50 €), es decir, si se considera que una resolución judicial no es ajustada a derecho para plantear el recurso que corresponda, a fin de poder defender el derecho del perjudicado por tal resolución, debe pagarse la oportuna tasa judicial.

Nuestro sistema judicial establece que según la cuantía y en algunas ocasiones la materia del pleito, determinan el tipo de procedimiento del que podemos valernos para defender nuestros intereses. Podemos reclamar mediante un procedimiento monitorio si lo que pretendemos es realizar un requerimiento judicial de pago; si lo que pretendemos es reclamar una deuda inferior a 6.000 € tendremos que valernos de un “juicio verbal” y si son de más de 6.000 € el procedimiento será un “juicio ordinario”. Las diferencias entre uno y otro, básicamente, estriban en los trámites que en cada caso hay que seguir, a modo de ejemplo en un procedimiento de juicio verbal, se planteará la demanda y el siguiente trámite ya será la celebración del juicio, mientras que en un juicio ordinario, plantearemos la demanda y la parte demandada responderá por escrito, se celebrará lo que se dice una audiencia previa (donde se propondrá la prueba, entre otras cuestiones) y después se celebrará el juicio.

Existen otros tipos de procedimientos como son los procedimientos monitorios, los juicios ejecutivos, el procedimiento cambiario, que se distinguen de los anteriores en no son procedimientos declarativos, sino que son procedimientos podríamos decir expeditivos, y que pueden interponerse en determinados supuestos, como puede ser que se pretenda un requerimiento judicial de pago, el cumplimiento de un título judicial (una sentencia, por ejemplo), el cumplimiento de un título no judicial (un préstamo hipotecario, a modo de ejemplo), el cobro de un pagaré, …

Asimismo, también se grava mediante las tasas judiciales la obtención de testimonios (copias certificadas) de documentos judiciales.

De momento, las demandas de sucesiones, familia y estado civil están exentas, es decir, no hay que pagar tasa por interponer demandas de este tipo, por ejemplo divorcio, separación, declaración de herederos, etc.

Las tasas judiciales de la Administración de Justicia en Catalunya van de 60 € a 120 €, según el tipo de procedimiento por cuantía o materia, la solicitud de testimonios será es de 10 €.

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Estas cantidades habrá que tenerlas en cuenta a la hora de interponer una demanda, pues que encarecerá el acceso a la justicia, a lo que hay que añadir que estas son las tasas previstas para Catalunya pero que todavía están pendientes las que se tienen que aplicar por el estado, que serán sumadas a las ya existentes en esta Comunidad Autónoma.

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