¿Qué implica el proyecto de ley de regulación del crowdfunding?

Hace menos de un mes se aprobaba en el consejo de ministros el proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, texto que contiene la última regulación sobre el crowdfunding, que se trata de una forma alternativa de conseguir fondos para empresas recién creadas que consiste en captar en masa pequeños inversores a través de campañas por Internet.

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Crowdfunding

Esta forma de financiación colectiva ha alcanzado cierto éxito últimamente debido a sus ventajas con respecto a un préstamo que puede ofrecer una entidad financiera. Estas, por lo general, piden al destinatario de la inversión unas garantías y requisitos difícilmente abarcables por la nueva empresa. El crowdfunding, sin embargo, ofrece a los inversores “recompensas” a cambio del dinero de forma que se agiliza el proceso. Además, estas aportaciones son pequeñas, valiendo más la cantidad de inversores que la de dinero invertido. El equity crowdfunding es una modalidad que incluye la emisión de participaciones o acciones en estas empresas de reciente creación en lugar de ofrecer las llamadas recompensas.

La nueva Ley de Fomento de la Financiación Empresarial pretende precisamente regular esta segunda modalidad de crowdfunding estableciendo unos límites para la inversión y vinculando una serie de obligaciones de transparencia en el proceso informativo a los inversores.

Tipos de inversores de la Ley de Crowdfunding

Se establecen dos tipos de inversores: los acreditados y los no acreditados.

Acreditados

Son empresas con más de un millón de euros en activo, cifra de negocios superior a 2 millones de euros o recursos propios por valor de más de 300.000 euros. También se consideran a personas físicas o jurídicas con una renta superior a 50.000 al año, o cuyo patrimonio supere los 100.000 euros.

No acreditados

De esta forma este tipo de inversores no tienen limitada su capacidad de inversión, pero si son considerados no acreditados por quedar fuera de alguno de los dos puntos anteriores sí verán limitada su participación en esta financiación colectiva a 3.000 euros por cada proyecto, y un máximo de 10.000 euros en todas las plataformas en las que quieran invertir.

Como suele suceder en algunas ocasiones, esta ley choca con otros decretos como la Ley de Emprendedores, que establece una deducción del 20% por invertir en empresas de nueva creación. La base máxima de esta deducción se sitúa en los 50.000 euros anuales.

Así, los inversores acreditados no tendrán problemas, pero los no acreditados no podrán deducir más que 2.000 euros, teniendo en cuenta que la inversión se acota a 10.000 euros en total para todas las plataformas. Esto se puede considerar una lastra para aquellos inversores que, no pudiéndose considerar acreditados, buscan invertir más de 10.000 euros en todos los proyectos en los que quieren participar y no pueden hacerlo ni deducir grandes cantidades.

Publicado en Emprendedores.